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Ley de tránsito

La Policía Municipal de Tránsito al imponer una remisión por alguna infracción de tránsito, asigna la remisión al vehículo según las placas y no al conductor, siendo esta infracción de total desconocimiento del infractor o propietario del vehículo, y este con la obligación cancelar dicha infracción.

De conformidad con el artículo 31 de la Ley de Tránsito, el Juzgado de asuntos municipales debe determinar si procede o no la imposición de la sanción por infringir la ley, por lo que la violación de los principios del derecho de defensa y de debido proceso, se da cuando la Policía Municipal de Tránsito emite la remisión por haber supuestamente infringido alguna norma de tránsito y sin existir la oportunidad de defensa, porque en Guatemala nadie puede ser sancionado sin haber sido citado, oído o vencido en proceso legal, siendo el recurso de revocatoria la exclusiva impugnación que contempla la Ley de Tránsito y que se interpone ante el Jefe del Departamento de Tránsito.

El Estado guatemalteco se debería de encargar de velar por la correcta imposición de remisiones de tránsito para que las mismas no violenten las garantías constitucionales del propietario del vehículo; puesto que mientras no se modifique la Ley de tránsito, los Policías municipales de tránsito seguirán sancionando a diestra y siniestra.

Un ejemplo de estas multas son las emitidas por exceso de velocidad que verifican los radares de velocidad en el país, ya que a los supuestos infractores no se les entrega la boleta que la ley indica, no existiendo así la debida notificación y el conductor no tiene la oportunidad de presentarse a un Juzgado de Asuntos Municipales para poder ejercer su derecho de defensa, presumiéndose su culpabilidad bajo la amenaza de las autoridades de que el vehículo será llevado al depósito municipal.