La Iniciativa 5074, conocida como la Ley de Competencia de Guatemala, es una propuesta legal que busca establecer un marco normativo para regular las actividades económicas, promoviendo la libre competencia y sancionando prácticas anticompetitivas. Su objetivo es garantizar mercados más justos, beneficiar a consumidores y pequeños negocios, y fomentar la eficiencia económica.
Elementos principales de la iniciativa 5074:
- Prohibición de prácticas anticompetitivas
Prácticas monopólicas absolutas: Se prohíben acuerdos entre empresas que:
- Fijen precios, cargos o tarifas.
- Segmenten el mercado por zonas, clientes o productos.
- Restrinjan la producción o distribución de bienes y servicios.
- Manipulen procesos de licitación para adjudicar contratos
- Prácticas monopólicas relativas: Sancionan abusos de posición dominante, como:
- Imponer condiciones desiguales a competidores.
- Limitar el acceso de nuevos participantes al mercado.
- Condicionar contratos a prestaciones no relacionadas con el objeto principal
- Excepciones permitidas
Algunas conductas quedan exceptuadas si generan beneficios económicos y sociales, como:
- Cooperación para desarrollar nuevas tecnologías.
- Alianzas logísticas que mejoren la eficiencia.
- Actividades relacionadas con tratados internacionales
- Mecanismos de aplicación
Creación de un ente regulador: Un organismo independiente investigará y resolverá casos de prácticas anticompetitivas.
Sanciones económicas: Multas de hasta 200 mil salarios mínimos diarios (unos Q22 millones en 2024) para las empresas que infrinjan la ley
- Beneficios esperados
- Mayor diversidad de oferentes y acceso a bienes y servicios a precios competitivos.
- Reducción de abusos en sectores clave como medicinas, gas, y cemento.
- Mejora del clima de inversiones y cumplimiento de acuerdos internacionales
- Desafíos
- Lograr acuerdos entre actores políticos y económicos para su implementación.
- Crear infraestructura técnica y administrativa para el organismo regulador
Esta ley es clave para alinear a Guatemala con estándares internacionales en competencia económica y mejorar la protección al consumidor y al mercado en general. Su aprobación está en discusión tras varios años de intentos fallidos.