Las alianzas público privadas ha sido un mecanismo para atender el llamado a la inversión y el desarrollo de los países, con miras a desarrollar asociaciones público privadas, atendiendo las necesidades de bienes y servicios públicos, con los recursos provenientes de capital privado.
Tienen sus origines por los años 1970´s, durante la crisis del petróleo; los gobiernos de la época tuvieron la iniciativa de invitar al sector privado para que participaran en el desarrollo de obras de infraestructura. Su naturaleza estuvo orientada en crear empresas mixtas (sector Público y privado en asociación o participación de negocio), orientando los esfuerzos y la necesidad de desarrollar obras o servicios públicos de la mano con inversión privada, con el objeto de llevar a la población una solución a un problema de un bien o servicio determinado. Este esfuerzo se centraba en otorgar a cambio algún beneficio económico para las partes, o para alguna de ellas.
En Guatemala, recientemente, ha sido aprobada por el Congreso de la República la iniciativa de alianza público privada, que incorpora la reconstrucción de la carretera que conduce de Escuintla hacia el Puerto Quetzal. Dicha iniciativa ha generado muchos argumentos en cuanto a la razón de ser de las alianzas público privadas, cuya validez y trayectoria en algunos ejemplos de América Latina como modelo de negocio para atender el desarrollo, ha sido indiscutible. Sin embargo, ha sido un tema de análisis la naturaleza misma de los proyectos u obras en los que se pretende implementar la iniciativa.
En nuestro caso en particular, unos argumentan que más que necesario, es indispensable rehabilitar una arteria vial tan importante parel país como es la mencionada carretera, entendiendo que sin importar quien desarrolle la obra, el sector público o la iniciativa privada, es extremadamente necesaria para fortalecer el desarrollo comercial el país, ya que conduce a la puerta de entrada y salida de bienes que se importan y exportan de Guatemala hacia el resto del mundo.
Otros, argumentan que por la naturaleza misma de la importancia comercial que tiene dicha carretera, es indispensable que ésta sea atendida por las instituciones del Estado (Ministerio de Comunicaciones), pues la razón de ser de pagar impuestos por parte de la población, conlleva entre otras cosas, la prestación de dicho servicio, la infraestructura necesaria para que opere el país, no porque sean en exclusiva una actividad del Estado de Guatemala, sino por la trascendencia de esta ruta para el comercio internacional.
¿Está el Estado de Guatemala en capacidad para atender este requerimiento?
Parece que hay puntos de vista en ambas latitudes que ostentan parte de la verdad, no podemos socavar ninguno de ellos, pues en ambos casos el bien jurídico tutelado es la locomoción de bienes, personas y servicios, en condiciones favorables para promover y fortalecer el comercio.
Considero importante darle el beneficio de la duda a esta primera iniciativa, entendiendo también que es imperativo hacerla exitosa. En el rubro de infraestructura vial se demanda más proyectos de esta naturaleza y para mencionar algunos ejemplos, el libramiento de Cuyotenango y el de San Bernardino.
Finalmente, pudiere ser interesante también abordar el modelo en servicios de salud, educación, etc.
Trabajemos juntos para que funcione.