Nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 127 estatuye: Régimen de Aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social (…).
Por su parte, Guatemala a nivel internacional ha reconocido expresamente como un derecho humano el acceso al líquido vital, validando así que se trata de un derecho fundamental para el disfrute digno de la vida humana.
Desde hace ya muchos años, nuestro país se ha quedado rezagado respecto al tema de la regulación del agua; en diversas oportunidades han habido intentos por promulgar una normativa que regule de forma completa e integral, el uso y aprovechamiento de éste recurso natural, habiendo esos intentos solo quedado en meramente “iniciativas” que con el paso del tiempo han sido simplemente engavetadas (como tantas otras), quedando dormidas en un pleno y absoluto olvido.
De esa cuenta, recientemente el Presidente de la República anunció e invitó a los sectores gobierno, social, académico y empresarial del país a participar en la elaboración y presentación de un anteproyecto con el objeto de cuidar, proteger y regular el uso del vital líquido. Además, a través de dicha iniciativa se pretende crear un marco regulatorio para la distribución equitativa y racional entre los distintos usos del agua: industrial, agrícola, doméstica, pública y para el cuidado del medio ambiente.
Entre otros fines principales de éste marco regulatorio se mencionan el poder determinar la cantidad de agua con que actualmente cuenta el país; promover la conservación de fuentes y bosques como recursos hídricos; regular el uso de los acuíferos subterráneos; facilitar el desarrollo de infraestructura, capacitación, almacenaje y distribución del agua; así como establecer procedimientos eficaces para la resolución de controversias relacionadas al agua.
Se pretende que el Proyecto o Iniciativa de Ley pueda ser presentada al Congreso de la República en el próximo año 2025, esperando ello pueda cumplirse para que en un mediano plazo sea una realidad el poder contar como país, con una moderna y efectiva ley que norme el uso y aprovechamiento del vital líquido.