El día de hoy se ha publicado la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto 5-2021 del Congreso de la República, la cual entrará en vigencia a finales del mes de agosto del año 2021. La Ley promueve e impulsa cambios en la administración pública para simplificar los procedimientos administrativos, teniendo como objeto crear condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros a través de la modernización de la gestión administrativa.
Dentro de las consideraciones más importantes de la iniciativa se encuentran:
Que las dependencias deberán realizar un análisis de su infraestructura con el objeto de:
I. Identificar, reducir o eliminar aquellos procedimientos administrativos que resulten innecesarios,
redundantes o no se encuentren adecuados a las leyes y reglamentos aplicables.
II. Adaptar los trámites administrativos a la forma más sencilla posible, reduciendo al mínimo los requisitos y
exigencias a los usuarios.
III. Rediseñar el trámite administrativo utilizando al máximo los elementos electrónicos.
Realizar una única calificación de expedientes, con el objeto de interponer los requerimientos o previos para que el usuario repare los errores contenidos dentro los mismos y así evitar que se realicen varios reparos o previos dentro de un mismo expediente, lo que ocasiona retraso.
No solicitar documentos que ya posee la dependencia. Por ejemplo, solicitar copias de representaciones legales que los asesores pueden solicitar a otro departamento de la misma dependencia.
En el caso de extravío de expedientes, no se les podrá obligar a los usuarios a presentar denuncia por el extravío, bastará con que el usuario exponga dicho extremo.
Simplificar las modalidades de pago, las cuales podrán ser por medio de tarjeta de crédito o débito, banca virtual pago directo en un banco del sistema u otros.
Establecer bases de datos gubernamentales que compilen la información estatal y que permitan generar estadísticas de importancia para el desarrollo económico y social del país.
Los usuarios podrán interponer denuncias o quejas en contra de servidores, funcionarios o empleados públicos que no cumplan con los establecido en la Ley, y esto tendrá una consecuencia para la persona denunciada.
La Ley representa un gran avance para la administración pública, especialmente para el resguardo de los derechos de los usuarios quienes nos vemos afectados por la burocracia de las oficinas públicas en Guatemala. Sin embargo, puede ocurrir que se presenten acciones en contra de ciertos artículos de la Ley, por lo que, se deberá estar atento a cualquier acción que deje sin vigencia algún artículo contenido en ella.
Nota
El presente documento tiene objeto informativo y no constituye una asesoría legal. Cualquier consulta sobre un caso en concreto, por favor comunicarse con nosotros para brindarle la asesoría jurídica pertinente.