Decreto número 1-2018 del congreso de la República de Guatemala

El pasado 22 de  febrero del año 2018 fue publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto 1-2018, el cual contiene la Ley de los Contratos de Factoraje y de Descuento.

La Ley antes mencionada establece la forma cómo  se  deben de llevar a cabo las operaciones en las cuales  se utilizan las deudas, créditos o cuentas por cobrar, para obtener liquidez como capital de trabajo. Es decir la forma en que se realizan dichas operaciones ante un banco o cualquier institución financiera.

Dicha ley establece que el contrato de factoraje y el contrato de descuento puede ser  respecto a cualquier derecho de crédito, es decir que el mismo puede existir en el momento en que se lleve a cabo la cesión o bien posteriormente.

Así  también  dentro de la misma ley se regula la forma  en que puede llevarse a cabo la cesión de derechos de crédito, así como los tipos de cesión que pueden surgir, dentro de  los cuales menciona, los derecho de crédito que nacen en virtud de obligaciones crediticias, o los que surgen por cualquier tipo de obligación contractual, establece que se pueden ceder los derechos de crédito con o  sin responsabilidad por parte del cedente, y que la cesión también puede hacerse respecto  de  derechos de crédito originados en la República de Guatemala o en el extranjero.

Se establece en el capítulo II de esta ley todo lo relacionado a los derechos y obligaciones de las partes, dentro de los cuales se encuentran: La obligación de informar, lo relacionado a la obligación de notificar la cesión al deudor del crédito cedido, la obligación del registro en la contabilidad y la obligación del cedente o  vendedor de cumplir con el contrato, entre otras.

De igual forma regula lo relacionado a  los efectos registrales y fiscales correspondientes, como lo son: publicidad y prioridad, y  su inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias.

La presente ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Acuerdo gubernativo número 11-2018

El pasado 30 de enero del año en curso,  fue publicado en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo 11-2018, el cual contiene las reformas al Acuerdo Gubernativo número 384-2001 de fecha 14 de septiembre de 2001, Reglamento de la Ley de Aviación Civil

Dentro de los artículos reformados en el  decreto antes identificado se encuentran los siguientes:

  1. Artículo 1. En el cual se regulan y amplían los significados reconocidos por la Organización de Aviación Civil Internacional.
  2. Artículo 5. Se reforma el artículo estableciendo que la  Dirección podrá otorgar exenciones o excepciones, cuyas medidas deberán estar respaldadas por evaluaciones de riesgo de seguridad o estudios aeronáuticos apropiados.
  3. Artículo 29.  Establece  que a partir de esta reforma se informará al interesado de una solicitud cuando sea requerido pasar por un proceso de certificación  y vigilancia antes de cualquier autorización.   
  4. Artículo 169.  Se adiciona a este artículo que en caso de un accidente deben de ser determinados los aspectos eminentemente técnicos y no la determinación de  culpa o responsabilidad. Se exime a las autoridades aeronáuticas de dictaminar  responsabilidades civiles y penales que son exclusivos de las  autoridades competentes. 
  5. Artículo 170.  Se establece  que es La Comisión Investigadora de  Accidentes de Aviación Civil (CIAAC) la encargada de investigar los accidentes de aviación que se produzcan en territorio nacional y los que ocurran a aeronaves guatemaltecas  en aguas o territorios sujetos a la soberanía de otro Estado.
  6. Artículo 171. Establece que al conformarse La Comisión Investigadora de  Accidentes de Aviación Civil (CIAAC), estará bajo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
  7. Artículo 172. al conformarse La Comisión Investigadora de  Accidentes de Aviación Civil (CIAAC), estará integrada por un Director y los miembros que sean requeridos, designados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
  8. Artículo 173.   Será el Director General de la Dirección General  de Aeronáutica Civil, quien dictara los reglamentos que  regularan la investigación técnica de accidentes e incidentes de aviación civil.
  9. Artículo 174. Se establece lo relacionado a la investigación y coordinación administrativa de los accidentes  de aeronaves en Guatemala, o  bien de aeronaves guatemaltecas en otro Estado.
  10. Artículo 175. Se establece  la obligación de las personas individuales o jurídicas de colaborar con la La Comisión Investigadora de  Accidentes de Aviación Civil (CIAAC).
  11. Artículo 176. La Comisión Investigadora de  Accidentes de Aviación Civil (CIAAC), tiene la obligación  de remitir al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el resultado de cualquier investigación que realice.
  12. Artículo 177.  Todos los datos y registros obtenidos por  La Comisión Investigadora de  Accidentes de Aviación Civil (CIAAC), tienen carácter de reservado.
  13. Artículo 178. Establece que  cualquier persona que obstaculice la investigación de un accidente aéreo será sancionado con la Ley de Aviación Civil y las leyes ordinarias aplicables.

Se adiciona al presente  acuerdo el título XII BIS, reaccionado a la seguridad operacional.  Título que contiene el capítulo I: Fomento de la seguridad  operacional; capítulo II: Programa se  seguridad operacional del Estado; capítulo III: Reserva de la información; capítulo IV: Protección de la información del programa estatal de seguridad operacional; capítulo V: Cesión o comunicación de la información; capítulo VI: Incumplimiento del programa estatal de seguridad operacional.

Así también se adiciona el título XII TER, relacionado a la navegación área. 

El  presente Acuerdo entró en vigencia el 30 de enero del año 2018.

Decreto número 22-2017

El pasado 21 de diciembre del año 2017, fue publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto 22-2017, el cual contiene la Ley del Banco de Datos Genéticos para uso Forense. 

La Ley antes mencionada establece la formación de un banco  genético, con el fin de facilitar investigaciones relacionadas a  un  hecho criminal. Esta Ley establece en su artículo primero que dicho banco será administrado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-el cual  deberá  poner a disposición del Ministerio Publico toda la información, la que únicamente podrá utilizarse para la investigación criminal correspondiente.

El banco dentro de sus funciones, como una de  las más importantes, será la de almacenar y sistematizar la información  genética de las personas que sean aprehendidas por cualquier delito, así también las muestras biológicas obtenidas en una investigación criminal, con el fin de alimentar de oficio dicho banco de datos.

Cualquier persona, o menor con autorización de sus padres que tenga la guardia y custodia, podrá acudir al –INACIF- a  dar su muestra  voluntariamente de ADN para que se archive en el banco genético.

Esta ley también regula lo relacionado al registro de  agresores sexuales, sobre las personas que hubieren sido condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Este registro deberá  contener dentro de  otros requisitos: Nombres y apellidos, fotografía actualizada, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, Código Único de Identificación,  referencia de  la información genética que tomará directamente del Banco, dirección en la  que residirá, y nombre de patrono con quien laborará, dirección del sitio de trabajo y puesto.

De igual forma se regula que el Ministerio Publico deberá extender certificaciones a  las personas que consten o no en dicho  registro del banco de datos, cuando estas estén desempeñando labores relacionadas con niñas, niños o adolescentes.   

Así como también se tendrá un registro de los condenados en el extranjero por delitos sexuales que ingresen al país, o bien que residan en él.

Se establece la prohibición de la utilización de muestras de –ADN- para cualquier fin que no sea la identificación humana en el ámbito forense y de investigación penal.